AEPR expresa su apoyo a la Ley 41-2022 y urge restituir y ampliar los derechos laborales

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recientemente anunció que acudirá a los tribunales para intentar anular la Ley 41-2022, la cual deroga ciertos elementos de la Reforma Laboral del 2017.

Según la Ley PROMESA, el gobierno debe proveer una certificación que documente que la Ley 41-2022 no tiene un impacto significativo en los recaudos contributivos. Sin embargo, la JSF sostiene que la certificación que el gobierno entregó no contiene suficiente análisis, y exige que el gobierno provea un estudio econométrico que confirme que derogar la Reforma Laboral del 2017 no tendrá un impacto en los recaudos.

Con los pocos datos disponibles para Puerto Rico, es sumamente difícil precisar de forma econométrica el efecto, si alguno, de la derogación de la Reforma Laboral del 2017 en los recaudos contributivos. Incluso, la JSF tampoco ha logrado proveer dicho estudio. Lo único que han publicado es un documento de power point que un economista estadounidense le presentó a los miembros de la JSF sobre la Ley 41-2022. Se debe destacar que el propio economista contratado por la JSF tampoco pudo desarrollar un modelo econométrico, y en dicho power point reconoce que el ejercicio es sumamente difícil de llevar a cabo. En otras palabras, la JSF le exige al gobierno una tarea que sus propios consultores reconocen como inalcanzable, y usan el “incumplimiento” para justificar su intromisión en la política pública de Puerto Rico.

Por otro lado, la presentación de power point del economista estadounidense simplemente refríe el mismo argumento económico que la JSF ya había delineado desde enero en su Plan Fiscal Certificado 2022, donde le advertía al gobierno que no debía derogar la Reforma Laboral del 2017 (p.86). Según el organismo fiscal, el Crédito por Trabajo que se estableció locamente, y el cual fue ampliado a través del American Rescue Plan, incentivará a más personas a moverse de la economía informal a la economía formal. Este aumento en la participación laboral formal, en cambio, implica mayor actividad económica y mayores recaudos.

En el Plan Fiscal 2022, la JSF cita un informe del Banco Mundial que sostiene que hay "aproximadamente una relación lineal" negativa entre flexibilidad laboral y empleo informal (P.86). En otras palabras: a mayor flexibilidad laboral, mayor participación laboral formal. Para estas instituciones, la flexibilidad laboral significa la desreglamentación del mercado de trabajo y el menoscabo de derechos laborales, precarizando las condiciones de empleo. La JSF argumenta que derogar la Reforma Laboral del 2017 implica reducir la flexibilidad laboral en Puerto Rico. Por tanto, concluyen que derogar la Reforma Laboral del 2017 socava el impacto del Crédito al Trabajo en la participación laboral formal, y de esa forma, pone en riesgo potenciales recaudos contributivos (Plan Fiscal 2022, P.86).

Hay varias deficiencias en el análisis de la JSF.

Primeramente, la JSF ha caído en la falacia de prueba incompleta, o por su designación en inglés, cherry picking. La JSF no menciona que estudios científicos en varias disciplinas, incluyendo no solo la economía sino además en la medicina ocupacional y la psicología aplicada, han levantado evidencia que sugiere que mayores beneficios laborales pueden tener un impacto neto positivo, ya que suelen mejorar la satisfacción laboral, salud mental, felicidad, y motivación en los trabajadores y trabajadoras, lo que a su vez eleva la productividad laboral y las ganancias de la empresa (e.j, Buchele & Christiansen, 1999; Cascio, 2006; DiMaria et al, 2020; Fritz & Sonnentag, 2006; Proto, 2016; Oswald et al, 2015; Sgroi, 2015; Strauss-Blasche et al, 2000; Ton, 2012). En la prensa de negocios (e.g, Forbes, Bloomberg) se ha discutido como cada vez más empresas concluyen lo que estudios científicos sugieren: los costos asociados a mayores beneficios laborales son compensados con el valor añadido por el aumento en la productividad laboral. En otras palabras, se puede argumentar lo opuesto al planteamiento de la JSF: robustecer los beneficios y derechos laborales puede amplificar los efectos positivos del Crédito por Trabajo, y de esa forma impulsar el empleo, la actividad económica y los recaudos.

Similarmente, no hay evidencia empírica de que la relación lineal que se establece por el Banco Mundial entre la flexibilidad laboral y la tasa de participación en el mercado de trabajo formal, y sobre lo cual se apoya la JSF para solicitar la suspensión de la Ley 41-2022, se sostiene en el caso de Puerto Rico.

Al iniciar la actual depresión económica en el 2006, la tasa de participación laboral era 48.6%, según el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador. A partir de ese momento se observa una tendencia a la baja en este indicador no obstante las políticas adoptadas para flexibilizar el mercado laboral y menoscabar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el sector público y en el sector privado. Al momento de la aprobación de la Ley PROMESA y la creación de la JSF, la tasa de participación laboral en el país era de 40.1%. A pesar de la Reforma Laboral aprobada en el 2017 no se ha observado una recuperación significativa en este indicador, manteniéndose en alrededor de 40% desde el 2013 hasta el 2020, último año para el cual hay datos disponibles en el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador. Junto a esta tendencia se ha observado simultáneamente una reducción en la productividad de los trabajadores y trabajadoras a partir del 2014.

Si algún consultor de la JSF logró, con los pocos datos y evidencia disponible, demostrar mediante análisis econométrico que la derogación de la Reforma Laboral del 2017 tiene un impacto negativo en los recaudos contributivos, que publiquen dicho análisis para que sea revisado por economistas independientes. De lo contrario, la inclusión selectiva (cherrypicked) de literatura y economistas estadounidenses, que casualmente coinciden con la visión ideológica conservadora del American Enterprise Institute, un tanque de ideas estadounidense abiertamente de derecha al que al menos uno de los miembros de la JSF está afiliado, es claramente insuficiente para justificar esta intromisión en la política pública del gobierno local.

Aplaudimos al gobierno su decisión de rechazar el pedido de la JSF y su compromiso con defender la Ley 41-2022 en el tribunal si es necesario.

Sin embargo, debemos destacar que consideramos que la Ley 41-2022 fue insuficiente. Aunque reconocemos que la literatura es mixta, nuestro análisis de la literatura disponible nos lleva a concluir que, en el caso de Puerto Rico, para promover el desarrollo económico debe impulsarse una legislación laboral que no solo restaure parcialmente algunas protecciones laborales, sino que rehabilite y amplíe los derechos de la clase trabajadora que han sido socavados.

Resulta poco probable que precarizando el mercado laboral se logre aumentar la producción, la participación laboral y el empleo en el caso de Puerto Rico. En todo caso, para lograr tales objetivos es importante ofrecer incentivos a los trabajadores y las trabajadoras incrementando su compensación y promoviendo mejores condiciones de empleo y de vida. De esta manera, se impulsa en el país la productividad y una redistribución más justa de las riquezas.

Reconocemos que mayores beneficios laborales podrían resultar onerosos para ciertas industrias y/o pequeñas y medianas empresas (pymes). No obstante, esto se puede atender mediante subsidios, o eximiendo a las pymes más vulnerables y proveyendo otros incentivos a sus trabajadores y trabajadoras. De hecho, actualmente existen subsidios a grandes empresas que serían una inversión social más efectiva si son transferidos a las pymes con estos fines.

Entendemos que el sector privado en general debe apoyar dichos esfuerzos, no solo como un asunto de justicia social, sino además porque se beneficiarán directamente de los mismos, como la literatura anteriormente discutida sugiere.

Similarmente, representantes de dicho sector han señalado las dificultades que han enfrentado para reclutar trabajadores y trabajadoras en diferentes industrias del país. Alegan que existe una escasez de mano de obra. A nuestro juicio, existe una escasez de empleos bien remunerados y beneficios marginales adecuados. Mejores condiciones laborales permitirán a las empresas reclutar con mayor facilidad a trabajadores y trabajadoras. Además, conduce a que las personas tengan un mayor nivel de satisfacción con su empleo, implicando una retención de empleados y productividad más alta. Incluso, mejores condiciones laborales en el país ayudarán con la emigración, uno de nuestros problemas económicos más críticos, al incentivar la retención de trabajadores y trabajadoras y potencialmente el retorno de algunos de los que ya han migrado. Finalmente, las familias tendrán un mayor poder adquisitivo que estimulará tanto la demanda como la producción de los bienes y servicios, entre otros múltiples beneficios para las empresas.